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En la última década en España se ha producido un importante auge en la solicitud y concesión de permisos de investigación de hidrocarburos (PI) para determinar la cantidad y calidad de recursos de hidrocarburos no convencionales (especialmente el denominado shale gas). Dicho proceso se ha dado en un contexto de crisis económica y de cambio a partir de 2012 de la política energética gubernamental. El objetivo de este estudio es contextualizar dicha evolución de las políticas energéticas públicas en la actual fase de capitalismo financiarizado, tendente al aumento del impacto sobre el medio con actividades de extracción ante el imperativo del mantenimiento de las tasas generales de crecimiento. Precisamente, la disminución progresiva de la generación de valor debido a la extensión de la automatización y la robótica en los procesos productivos, hace que sectores importantes del capital se desvíen hacia el crédito y la apropiación de servicios y bienes comunes o de los propios recursos naturales. En relación a esto, desde grupos ecologistas como “Ecologistas en Acción” se denuncia una tendencia hacia el impulso de políticas extractivistas por parte de la Comisión Europea en países de la Unión Europea, entre ellos España, en lo que se califica como un ejemplo de acumulación por desposesión, término acuñado por el geógrafo británico David Harvey.