El objeto del trabajo pasa por evaluar el marco normativo en materia de infraestructuras verdes urbanas (IV) en el estado Español. El fin del mismo es hacer un diagnóstico normativo y escalado para evaluar las características comunes y diferenciadoras entre las distintas Comunidades Autónomas que comprenden el territorio español. El trabajo se centra en las IV, entendiendo estas como “una red de zonas naturales y seminaturales y de otros elementos ambientales, planificada de forma estratégica, diseñada y gestionada para la prestación de una extensa gama de servicios ecosistémicos. Incorpora espacios verdes (o azules en el caso de los ecosistemas acuáticos) y otros elementos físicos de espacios terrestres (incluidas las zonas costeras) y marinos. En los espacios terrestres, la infraestructura verde está presente en los entornos rurales y urbanos” (Comisión Europea, 2013). España, con respecto al marco europeo, se encuentra ciertamente atrasada en cuanto a implementación de IV. A nivel nacional, no cuenta con ninguna estrategia estatal definida; tan sólo está a la espera de que vea la luz, en un futuro próximo, la denominada “Estrategia Estatal de Infraestructura Verde Conectividad y Restauración Ecológicas”, recogida en la Ley 33/2015 (Ley 33/2015, de 21 de septiembre). Por ello, su análisis desde esta escala resulta ciertamente confuso. Sin embargo, no ocurre lo mismo a escala autonómica, en la que los gobiernos regionales tienen más en cuenta las IV  recogiéndolas en algunas de sus políticas y; llegando algunas de ellas  a elaborar sus propias Estrategias Autonómicas. El contraste, por tanto, entre Comunidades Autónomas es remarcable, debido principalmente al modo de gobernanza seguido por las diferentes Administraciones territoriales. Por último, a escala urbana, sólo algunas ciudades han aplicado políticas concisas, que les han permitido la correcta instauración de dichas infraestructuras en su ámbito urbano y periurbano. Debido a la reducida implementación territorial de las IV, se hace necesaria un mayor esfuerzo por parte del Estado, para elaborar una legislación y normativa básica, que permitan una aplicación real de medidas que favorezcan el desarrollo de IV a escalas territoriales menores. Además, de una exigencia desde el propio Estado hacia las Comunidades Autónomas, para que establezcan sus propias políticas, propiciando de esta forma la potenciación de dichas infraestructuras en su territorio y ciudades.