En la última década en España se ha producido un importante auge en la solicitud y concesión de permisos de investigación de hidrocarburos (PI) para determinar la cantidad y calidad de recursos de hidrocarburos no convencionales (especialmente el denominado shale gas). Dicho proceso se ha dado en un contexto de crisis económico y de cambio a partir de 2012 de la política energética gubernamental, pasándose de las ayudas y subvenciones al desarrollo de las fuentes renovables (solar y eólica principalmente) a una dirección más cercana al mantenimiento del tradicional modelo fosilista protagonizado por el petróleo y el gas natural. El objetivo de este estudio es contextualizar dicha evolución de las políticas energéticas públicas en la actual fase de capitalismo financiarizado, tendente al aumento del impacto sobre el medio con actividades de extracción ante el imperativo del mantenimiento de las tasas generales de crecimiento. Precisamente, la disminución progresiva de la generación de valor debido a la extensión de la automatización y la robótica en los procesos productivos, hace que sectores importantes del capital se desvíen hacia el crédito y la apropiación de servicios y bienes comunes o de los propios recursos naturales. En relación a esto, desde grupos ecologistas como “Ecologistas en Acción” se denuncia una tendencia hacia el impulso de políticas extractivistas por parte de la Comisión Europea en países de la Unión Europea, entre ellos España, en lo que se califica como un ejemplo de acumulación por desposesión, término acuñado por el geógrafo británico David Harvey. En ese sentido, los proyectos de explotación de hidrocarburos por fracking o las concesiones mineras pueden constituir un nuevo pilar del modelo económico español, caracterizado por su dependencia del turismo, las burbujas inmobiliarias periódicas y servicios de baja cualificación, en una posición de relativa periferia respecto a los principales núcleos financiero-industriales de Europa. En el debate público existe crecientemente el antagonismo entre los defensores del mantenimiento del modelo vigente y los que apuestan por impulsar líneas más ambiciosas a favor de las renovables, de cambios en la movilidad de las grandes ciudades y de establecer la mitigación de los efectos del cambio climático como eje principal de las políticas económicas y no como una línea más subalterna al crecimiento económico ilimitado. Las claves y los argumentos de dicho debate serán analizadas mediante un seguimiento de las políticas establecidas por las administraciones públicas y las publicaciones sobre medio ambiente y económica de los grandes medios de prensa digital.